Populismo punitivo y política criminal en Colombia

 

Escrito Por: Diana Marcela Otavo  @dianamotavo

Jueves  20 de abril de 2016.

Ensayo Medios de comunicación masiva, populismo punitivo y política criminal en Colombia 

Introducción

El impacto mediático del delito que conmociona al ciudadano es aprovechado en este contexto, para aparentar que se da respuesta a las justas reclamaciones de la sociedad, asediada por múltiples violencias

Whanda Fernández León

Periodistas que buscan elevar sus niveles de audiencia, políticos que buscan no perder popularidad esclavos del dinero para financiar sus justas electorales o valiéndose como fieras de cualquier argumento para que un gran  medio de difusión los cubra con el fin de volverse personajes de opinión, sociedades que buscan constantemente la venganza como forma de tranquilizar su alma después de las derrotas y las frustraciones del diario vivir, alimentan un fenómeno que los juristas denominan “Populismo Punitivo”, que viene siendo la presión realizada por grandes medios de comunicación para crear en la sociedad miedo por un tipo específico de crimen  a lo que los congresos y autoridades responden con aumento de penas en los sistemas carcelarios para calmar a la sociedad pasando por encima de penas como el homicidio.

Para entender el surgimiento del populismo punitivo es vital entender el “Triángulo de la Violencia” de Johan Galtung, en donde explica que para la construcción de una política criminal integral se deberían tener en cuenta y combatir las violencias estructurales (Violaciones masivas de derechos humanos), las  violencias culturales (Ocultar situaciones para normalizar la violencia como el machismo o las prácticas de ablación)  y las violencias directas (Penalización a un sujeto que directamente incumple una ley). En Colombia no tenemos una política criminal integral, el sistema penal y penitenciario solo atacan la violencia directa, en este contexto los medios de comunicación, instituciones gubernamentales, los políticos y la sociedad son quienes crean los modelos de quienes deben ser sujetos de una justicia penal, asociada únicamente a las cárceles creando la crisis del sistema carcelario en Colombia.

A lo anterior debemos sumar que los medios masivos hacen parte de la construcción del sujeto de nuestros niños, niñas y adolescentes en todas las esferas sociales con la promoción de producciones audiovisuales que hacen apología al delito y  que posteriormente los noticieros de los mismos medios o de medios locales penalizan a través de una estigmatización del delito común que impacta las percepciones de seguridad de la población mayor de edad.

“Populismo punitivo: Evaluar la utilización de la seguridad como herramienta del debate electoral con el análisis de ciertas medidas propuestas (pena de muerte, aumento de los castigos, disminución de la edad de imputabilidad penal) e implementadas (ley antimaras, aumento de la dotación policial, participación de las fuerzas armadas). Proponer clara evidencia sobre los mitos y las verdades de cada una de estas iniciativas así como develar el uso mediático-electoral de la temática son objetivos centrales de este eje temático” ( Basombrío & Dammert 2013)

Estos círculos mediáticos pueden revelar la descomposición de las estructuras sociales, donde parte importante de las juventudes populares quieren vivir una anomia institucional emulando figuras de  un supuesto progreso que sin ser consientes los lleva al delito (Pablo Escobar, El Capo, Las muñecas de la mafia), mientras en las altas esferas  económicas surgen otras subculturas de la violencia, donde quienes tienen oportunidades de llegar a altos cargos de gobierno o del mundo empresarial aprenden metodologías de crímenes sofisticados, como los desfalcos financieros a los que grandes formatos dedican la apología al delito en producciones como “El lobo de Wall Street” y ”The House of Cards”.

“En América Latina  se van configurando círculos perversos de pobreza y violencia estructural en lo social y político que afectan negativamente a diversos sectores de la población entre ellos los niños, niñas y adolescentes” (Alvarado 2012)

Mientras los medios buscan audiencia, crecen dentro de las sociedades, por un lado las vías de progreso fácil de las culturas criminales y la estigmatización de los sujetos que no asumen la cultura criminal como una salida hacia el progreso y que exigen al sistema político y las instancias institucionales respuestas rápidas, un fármaco que alivie  las coyunturas cuya respuesta fácil es la cárcel.

Ese fármaco fácil, es el causante de la crisis del sistema penitenciario en nuestro país donde tenemos según cifras de la Defensoria del Pueblo un 52% de hacinamiento en las cárceles de Colombia, teniendo graves situaciones en  la costa atlántica, por ejemplo en Rioacha donde el hacinamiento es del  700%.

¿Entonces qué debemos hacer?

Actualmente el sistema penal colombiano no contempla el conflicto como prioridad, por tanto el sistema penitenciario en esta enfocado en delitos menores, forzados a través de la matriz mediática que da mayor relevancia al hecho coyuntural que a las grandes causas del sujeto en relación con la ruptura de las normas. Los políticos en este estado del arte, se vuelven esclavos de la opinión y responden a la matriz mediática con proyectos de ley o reformas institucionales que permiten mantener votantes, pero que contrario al bienestar del país fortalecen el poder de los medios que buscan solo audiencia sobre la política criminal

Para combatir el populismo punitivo debemos llevar a cabo una política criminal coherente, donde se contemplen  un conjunto de disposiciones que hagan frente al comportamiento criminal con los ejes:

  1. Preventivo: Donde el principal objetivo es la inversión social que construya en los niños, niñas, adolescentes,  jóvenes sujetos de derechos y  oportunidades para la construcción propia de su identidad, generando políticas de prevención del delito donde se regulen eficazmente  los contenidos emitidos con el fin de incentivar una cultura de seguridad y convivencia desde la diversidad.
  2. Reactivo: Donde se generen políticas de comunicación desde el estado con los medios, ciudadanos y políticos que generen adecuada educación judicial y que permitan entender que el objeto de la política penitenciaria es brindar procesos de resocialización, es decir, romper el paradigma de la cárcel como único hecho que brinde sensación de justicia.

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Como conclusiones podríamos sostener que para combatir de fondo el populismo punitivo se debe:

  1. Que se cumpla la constitución de 1991, en tanto, que se expresan en ella reformas sociales profundas como la democratización de la tierra, modificaciones que no han sido aplicadas pero que son la causa fundamental del conflicto, reforma institucional para recuperar el estado.
  2. Generar recursos para la rama judicial que por tener un nivel de abstracción y poco contacto con la ciudadanía es la cenicienta en el momento de repartir los recursos estatales, los magistrados de las cortes no son conocidos por la ciudadanía en gran medida porque no hacen campaña, lo que les hace perder valor político para el ejecutivo y el legislativo.
  3. Construcción de lenguajes para la resocialización, transformación del sistema penitenciario para la aplicación de políticas criminales coherentes.
  4. Sustituir el populismo punitivo por cátedras de educación jurídicas, para el ciudadano, para el periodista, para el político, basados en un discurso de reconciliación.
  5. Cuando el conflicto no se dirime se convierte en violencia, por tanto, desde el estado se deben establecer políticas que permitan la administración del conflicto abriendo los canales de comunicación y fortaleciendo desde una ley de medios la comunicación directa entre estado y ciudadanía. La relación directa entre estado y ciudadanía es vital para que existan diálogos de saberes sin la necesaria presión del rating.

Bibliografía

Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C. & García, C. M. (2012). La subjetividad política y la socialización política, desde las márgenes de la psicología política. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), pp. 235-256

 

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